Resulta verdaderamente difícil esbozar algunas líneas sobre la tragedia ferroviaria de Once sin que las mismas reflejen la bronca incontenible y el profundo dolor por la pérdida de vidas humanas.
Sobre todo cuando hay que lidiar con lo que constituye una verdadera provocación de parte de los titulares de la concesión del servicio ferroviario del Sarmiento, la casta parasitaria de los Cirigliano, que salieron a decir ni bien ocurrido el accidente y con los cadáveres aún tibios, que el servicio del Sarmiento es “aceptable”.
A eso no hay que dejar de sumarle el patetismo del Secretario de Transporte Schiavi, delirando ante los medios sobre lo que podría haber sido esa masacre de trabajadores si el accidente hubiera ocurrido un feriado... Demencial.
El cuerpo de delegados del Sarmiento, combativo, antiburocrático y enfrentado a la patota criminal de Pedraza, viene sosteniendo incansablemente en cada intervención pública a través de sus principales representantes y dirigentes como Sobrero y Reynoso, que el servicio que brinda la línea Sarmiento es malo, ineficiente y riesgoso, precisamente porque su concesionario, Cirigliano, está llevando a cabo una política de desinversión y vaciamiento, al tiempo que embolsan mensualmente los siderales subsidios que les transfiere el Estado Nacional.
La catástrofe fue posible gracias a un mix imbatible de codicia empresaria, corrupción institucionalizada e inoperancia en la gestión de lo público.
Finalmente, la denuncia profética de Sobrero y Reynoso se cumplió y hoy hay que lamentar la pérdida de 50 seres humanos.
Pero también constituye una nueva -y espero que última- oportunidad para que nos detengamos a pensar qué ferrocarriles y qué servicios de transporte público queremos en nuestro país.
Ya ha sido demostrado con creces que los empresarios operan los servicios públicos con un criterio cuasi colonial, extractivo y parasitario, que desprecia la vida humana, y que pondera la maximización de beneficios incluso a costa de poner en riesgo la vida de las personas que los utilizan.
El replanteamiento deberá comenzar por la redefinición de lo que constituye un servicio público, en donde lo que habrá que definir es si toleraremos que los mismos sigan constituyendo el botín de un puñado de criminales (o en el mejor de los casos, un negocio en el que operan con un criterio orientado a la obtención de ganancia), o si bien, queremos que los servicios públicos del país estén orientados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en su mas amplio sentido. En relación al transporte, esto es; viajar seguro, cómodo y llegar a destino al menor costo posible que el Estado pueda garantizar.
El papel del estado en esto es fundamental e indelegable. Deberá renunciar a su actual rol de subsidiario de la ganancia empresaria, y convertirse en actor protagonista, poniendo bajo su órbita la operación de los ferrocarriles constituyéndose en el garante financiero de su funcionamiento.
Y también ha quedado demostrado que son los propios trabajadores y los usuarios, mejores que nadie, los que están en condiciones de garantizar que la operatividad de los mismos sea eficiente y segura.
Este potencial esquema de gestión puede suscitar ciertos temores en relación al riesgo de una distorsión en los roles de cada actor y, fundamentalmente, en cuanto a una posible burocratización de las estructuras encargadas de llevarlo a cabo, pero ello no implica objeción alguna a la indiscutible necesidad de arribar a una nueva forma de gestión de lo público, moderna, innovadora y democrática, que integre a los actores sociales involucrados y garantice un óptimo funcionamiento del transporte público nacional.
Reestatización de los ferrocarriles bajo control de sus trabajadores y de los usuarios debiera ser la consigna que sintetice las implicancias del debate urgente y necesario que como sociedad debemos darnos.
MS
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