viernes, 11 de mayo de 2012

YPF "El Estado y La Vaca Muerta"

Agrupación “La Vaca Muerta”


La noticia, convengamos, superó las expectativas de la mayoría. Si por algún momento se pensó que el gobierno necesariamente debía tomar ciertas determinaciones trascendentes respecto a Repsol-YPF, ante un escenario en el cual el descalabro energético comenzaba a evidenciarse demasiado, ninguno sin embargo, podía suponer que la decisión fuera la lisa y llana expropiación de Repsol con el consiguiente establecimiento del 51% bajo gestión estatal.
Inmediatamente conocida la noticia, un ejército de paladines del establishment salió al combate dispuesto a dar la pelea cuerpo a cuerpo en defensa de los modales burgueses. Las banderas de las decadentes divisiones de combatientes fueron las mismas de siempre; “la seguridad jurídica”, el “aislamiento del mundo” y “espantar a las inversiones”.

Entre ridículos y patéticos, la sociedad argentina concurrió al espectáculo de ver a periodistas y militantes de las corporaciones en la soledad del suplicante, llorando por unos intereses ajenos y saliendo al aire dispuestos a inmolarse con la editorial de sus medios en la mano.

Medios argentinos reproduciendo hasta el hartazgo titulares de medios de la derecha española (es decir, el ala derecha de la derecha): expertos en el arte del saqueo, escandalizados y sollozantes como vírgenes violadas porque les fue quitada la gallina de los huevos de oro (negro), proferían entre lamento y advertencia, alguna que otra amenaza propia del que tira un manotazo antes de ahogarse en sus propias sandeces. Todo esto fue conscientemente reproducido por los principales medios periodísticos de aquí, acompañado por el oportuno desfile de economistas liberales profetizando el próximo y garantizado fin de la Argentina luego de haber tomado la infame decisión de morderle la mano al capital nuestro de cada día.

A esta altura, ya no debiera sorprender la persistencia en el patetismo de aquellos que están acostumbrados a recibir los cachetazos de la voluntad popular. Lo que sí sorprende es que no atinen siquiera a un reacomodamiento reflejo (y oportunista) luego de haber dado ese triste espectáculo en soledad como garantistas del statu quo.

A pocos días de iniciado el combate a punta de tapa de diario y de editoriales televisivas, fueron sólo algunos los que advirtieron –perspicaces- que la enorme mayoría de la sociedad les había dado la espalda por completo y que, en efecto, la medida recogía un gran apoyo social. El resto, perseveró en su autismo reaccionario.

El evento que sin dudas reflejó el clímax del apoyo popular, ocurrió el día jueves 3 de mayo en el Congreso de la Nación cuando una multitud de militantes, intelectuales, personalidades y simpatizantes colmaron el palacio legislativo por dentro y por fuera, aguardando la aprobación del proyecto de ley y otorgándole un marco de batalla épica a una medida sin dudas progresiva, mientras en las redacciones y los estudios, algunos profetas de la catástrofe se retorcían en la miseria de su resentimiento e indignación.

Vaya pues mi contribución a aquellos salmones del capital que nadan contra la corriente popular: echada a perder cualquier esperanza depositada en la oposición, lo que la coyuntura desnuda es la carencia de una agrupación política que represente fielmente los intereses que los movilizan y los proyecte hacia el futuro. Algo un poco mas orgánico que Plataforma 2012 pero con menor perfil intelectual (si lo que se pretende es atraer a las masas de brutos que el oficialismo parece llevar de las narices). En torno a esos intereses, Tocqueville por ejemplo, decía que el factor mas importante en la historia es el resentimiento, con lo cual la agrupación arrancaría desde el vamos con grandes perspectivas. La misma bien podría llamarse “La Vaca Muerta”, en honor al yacimiento estrella “confiscado”, y en cuyo nombre se sientan identificados los fósiles sollozantes atrapados bajo la roca de la historia.


Sobre el Estado


Entre los motivos que llevaron a la expropiación de Repsol, desde luego debe contarse el fracaso de la política energética del gobierno al intentar que los capitales privados actúen con una racionalidad de la cual carecen, y despojados de la voracidad depredatoria capitalista.

A tales efectos, la medida, si bien tardía, es absolutamente acertada y esconde en ella el reconocimiento implícito de que el capitalismo no funciona bajo parámetros que tiendan a satisfacer el interés público o el bienestar general. Y acá estoy obligado a detenerme: ¿Es el Estado, entonces, el garante del bienestar general? ¿Es la materialización del interés público? Llegar a una respuesta para esos interrogantes demandaría previamente nadar sobre densos ríos de tinta de debate teórico al respecto.
En lo particular no creo que la discusión pueda ser contenida en el antiquísimo (y no tanto) debate entre concepciones hegelianas y marxistas sobre el Estado, sin pasarlo previamente por el tamiz de lo histórico y lo coyuntural. Efectivamente, el Estado Moderno tiene un carácter de clase. Es el “capitalista colectivo ideal”, tal como lo definía Engels, en tanto su mera existencia cumple la función de reproducir –en términos generales y mas allá de afectaciones particulares- una relación social y un modo de producción determinado: el capitalismo. Esta afirmación, a priori, impide asumir la concepción instrumental del estado, es decir, un estado como “instrumento” para ser utilizado por la clase o fracción de clase que lo ocupe, en función de sus respectivos intereses.

Asumido esto y en relación a las posiciones de izquierda, parecería inevitable abrazarse a la teoría, convertirla en dogma y no soltarla hasta ver el soviet en la puerta de nuestra casa construyendo el nuevo Estado Obrero emancipado. Pero esa sería la mejor manera de actuar políticamente para que nada cambie. Lleva en su interior el rechazo y la negación a lo progresivo y lo transicional, ya sea en el plano material como en el de la conciencia de los sujetos. Praxis política autista y ahistórica, deja de ser praxis y se convierte en monólogo solitario de voluntaristas. El axioma del “todo o nada” sólo puede resultar efectivo cuando uno se dispone a apostar en el casino, pero no para actuar políticamente si lo que se pretende es transformar la realidad, una realidad que es compleja y contradictoria. El “todo o nada” pocas veces conduce al “todo” y generalmente da por resultado la “nada”. Y no se trata de modo alguno de renunciar a la transformación revolucionaria de la sociedad, si no de avanzar políticamente sobre una realidad legada y construir desde sus propias posibilidades, horizontes y limitaciones históricas.
Desconocer matices es, en efecto, síntoma de ceguera política e incapacidad de proyección estratégica para construir una alternativa de poder transformadora.

Disminuyendo un poco el nivel de abstracción, es cierto también que los capitalistas españoles no contribuyen demasiado a abonar la tesis del capital como camino hacia el bienestar general: lo que para un capitalista promedio del “business world” es la explotación bajo la premisa de una acción “egoísta, racional y maximizadora”, para el burgués español parece significar “egoísta, criminal y vaciadora”, tal es la experiencia que de la gestión de Aerolíneas y de YPF nos queda como conclusión.

En términos políticos constituyó, de hecho, una jugada magistral que volvió a catapultar la imagen de la Presidenta Cristina Fernández a niveles de aceptación y simpatía altísimos, similares a los días siguientes al abrumador triunfo electoral de Octubre, y que hasta entonces venía lesionada, principalmente, por el impacto social que significó la masacre de Once.

Pero el análisis político debe, necesariamente, ir mas allá del impacto y de la capitalización política inmediata. No hay que ser ingenuos y despojar a la política de sus responsabilidades y competencias: en primer lugar por ser parte fundamental de la política de entrega durante la era privatista, y en segundo lugar por dejar las empresas públicas en manos de profesionales del vaciamiento como lo fue en el caso de Aerolíneas y como lo es en el actual caso de Repsol-YPF, en el cual durante los años de operación en el país se han dedicado a expoliar el subsuelo argentino llevándose montañas siderales de dinero a cambio de invertir lo mínimo indispensable para mantener la estructura de saqueo, en vez de –soñemos juntos- haber invertido lo necesario para mantener o incrementar el número de reservas o, al menos, no haber perdido la capacidad de autoabastecimiento, lo que ahora nos obliga a nosotros, país productor de hidrocarburos, a tener que importarlos.

En este contexto –y ya fuera de discusión el carácter estratégico que los hidrocarburos representan para una nación- es oportuno preguntarse si el actual escenario permite avanzar de modo tal que la totalidad de la empresa (y de las empresas petroleras) quede bajo control estatal, tal es el planteo de las corrientes y partidos que se ubican a la izquierda del gobierno.
En ese caso, considero que el principal escollo que enfrentaría el gobierno es el de la magnitud de la inversión que debiera realizar para que la misma funcione eficientemente y aumente sustancialmente su producción (diversos analistas coinciden en que la inversión a realizar durante los próximos 4 años sería de alrededor de 40 mil millones de dólares, incluyendo en ésta lo que demandaría explotar el yacimiento de Vaca Muerta, que requiere una tecnología muy avanzada y desde luego, carísima). Sólo en este contexto cobraría vigencia la participación privada; es decir, en tanto aporte las inversiones necesarias para emplazar la infraestructura que nos permitan llevar a cabo una explotación eficiente de nuestros recursos.
Y esto último es de vital importancia ya que es en ese campo en donde se va a dirimir la disputa ideológica que subyace a toda esta cuestión: una explotación eficiente de recursos propios necesariamente debe significar en un beneficio material y no meramente simbólico para todos los argentinos. Esto es, por ejemplo, un precio de toda la gama de combustibles accesible para los sectores populares y un buen acceso a los mismos en cualquier rincón del país, a partir de un incremento en el volumen de la producción.
De lo contrario significaría una claudicación ante el argumento liberal privatista acerca de la gestión económica de empresas estratégicas a manos del Estado, que utilizaría oportunamente cualquier indicio de impericia, publicitándolo como fracaso, y haciéndolo funcionar como dispositivo legitimador de la ideología que se enmascara tras el discurso de los que sostienen que la gestión económica de los recursos está al margen de cualquier ideología y que por lo tanto, éstos deben quedar en manos de los únicos capaces de gestionar de manera “razonable” y “eficiente” por estar exentos de cualquier contaminación política: las empresas privadas.
Convengamos que en el campo del petróleo, esto último constituiría la excepción y no la regla, ya que las principales petroleras del planeta, las mas grandes y las que mas ganancias reportan, tienen una participación estatal mayoritaria.
El camino emprendido es el correcto, dentro de los pocos simpáticos confines de las posibilidades. El Estado comienza a recuperar su centralidad (para el gusto de algunos, entre los que me incluyo, muy lentamente) Pero si de recuperación se trata, hay unas cuantas urgencias anotadas en la lista: eléctricas, telefónicas, mineras y –fundamentalmente- ferrocarriles.
¿Se extenderá el horizonte de la recuperación?